CÓMO AFECTA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A MI MUNICIPIO (2/4)

Primera parte

Se intenta una modificación de la Administracion Local, incidiendo en la no descentralización ni en la Autonomía Local

Las «Bases para el Pacto Local» (24 de septiembre de 1996). Con fecha 24 de septiembre de 1996, la Comisión Ejecutiva de la Federación  Española de Municipios y Provincias concreta una propuesta de negociación con el Gobierno, a través de un documento denominado «Bases para el Pacto Local». Este documento contempla tanto las competencias y funciones que corresponden al Estado como aquellas otras que son propias de las Comunidades Autónomas. Esta circunstancia queda patente al considerar que de las 92 medidas propuestas, 60 corresponden al ámbito de las Comunidades Autónomas y 32 a la esfera del Estado. (Fuente JUAN JUNQUERA GONZÁLEZ, LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ESPAÑOLA (Hacia una nueva descentralización administrativa).

Cristóbal Montoro, Ministro de Economía

Las reivindicaciones de la FEMP son extensas y detalladas. Su análisis requeriría una dilatada exégesis. De forma sintética, se enumeran a continuación, dentro de las dieciséis áreas principales, las peticiones formuladas por la Federación:

  1. Circulación. Reforma del sistema sancionador de tráfico, circulación y seguridad vial, con el fin de otorgar más competencias a los alcaldes y a otras autoridades locales; reforma de las disposiciones que regulan el estacionamiento limitado; exigencia del pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica y de las multas municipales para poder circular; agilización de los trámites para la retirada de los vehículos abandonados en la vía pública; simplificación en la notificación de multas.
  2. Transportes. Regulación normativa para la celebración de convenios entre las distintas Administraciones con el fin de favorecer la utilización de los transportes urbanos colectivos; regulación normativa para dotar a los ayuntamientos de facultades en la gestión del servicio del taxi.
  3. Consumo. Articulación de un sistema local de arbitraje de consumo; establecimiento de oficinas locales de información y educación de los consumidores y usuarios; inspección municipal de productos; inspecciones técnico-sanitarias municipales; fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios; adopción de medidas locales en los casos de emergencia o crisis; potestad sancionadora local en determinados supuestos; implantación de consejos municipales de consumo.
  4. Deportes. Diseño y construcción de instalaciones deportivas; gestión de las instalaciones deportivas públicas; promoción y organización del deporte escolar.
  5. Educación. Creación de centros docentes de titularidad local; participación en la programación de la enseñanza; educación de adultos; formación preescolar; políticas locales de formación-empleo.
  6. Empleo. Gestión de la formación ocupacional; gestión de programas de empleo; coordinación con el INEM; gestión de observatorios de empleo local; participación en la distribución de fondos europeos para el fomento del empleo.
  7. Juventud. Gestión de los albergues y campamentos, casas de juventud, centros de información juvenil, centros estables de programación cultural y otros establecimientos destinados a la juventud; participación en la financiación y organización de los diferentes programas de apoyo a la juventud.
  8. Medio ambiente. Concesión, sin intervenciones previas de otros organismos, de licencias municipales para las actividades que afecten al medio ambiente; disponibilidad de facultades sancionadoras locales en materia medioambiental; colaboración con otras Administraciones en la construcción y financiación de infraestructuras medioambientales; reforma del Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas.
  9. Mujer. Diseño y ejecución de los programas de formación para las mujeres adultas; gestión de los equipamientos destinados a la mujer; centros de información y asesoramiento de la mujer; programas de apoyo o ayuda a la mujer.
  10. Seguridad ciudadana. Configuración del alcalde como autoridad competente en materia de seguridad ciudadana; reconocimiento de competencias a los ayuntamientos en materia de prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana; potenciación de los Consejos locales de seguridad ciudadana; desarrollo de las Juntas locales de seguridad; constitución de Consejos locales de seguridad y prevención de la delincuencia; establecimiento de la justicia de proximidad; participación municipal en los expedientes de manifestaciones y reuniones públicas; participación en la fijación de horarios de apertura y cierre de establecimientos; coordinación de las policías locales con otros cuerpos y fuerzas de seguridad.
  11. Protección civil. Elaboración y aprobación de planes de emergencia municipal; participación local en los planes especiales de protección civil de las CC.AA.; establecimiento de planes municipales de protección civil.
  12. Sanidad. Atención primaria de la salud; ampliación de las competencias en materia de saneamiento de aguas; potenciación de las competencias municipales en materia de seguridad e higiene de los alimentos; colaboración de las Entidades locales con los servicios de vigilancia epidemiológica; colaboración municipal en los programas preventivos de la salud.
  13. Servicios sociales. Titularidad municipal de los servicios y centros de asistencia social; dirección municipal de los «centros de acogida »; gestión de las viviendas tuteladas; administración de los hogares sociales, centros para la tercera edad y otras instituciones de asistencia social; programas municipales en relación con las personas discapacitadas.
  14. Turismo. Competencias municipales para la planificación y reconversión de las infraestructuras turísticas; consideración de los municipios turísticos como ejes de las políticas activas de empleo; reconocimiento de las Entidades locales como órganos competentes para la promoción turística; participación de los municipios y provincias en los Consejos promotores del turismo; participación de las Entidades locales en las convocatorias de ayudas turísticas.
  15. Urbanismo y vivienda. Aprobación definitiva, por los municipios capitales de provincia o de más de 50.000 habitantes, de los planes generales de ordenación urbana; autorización municipal de los usos del suelo no urbanizable; aprobación municipal definitiva de los expedientes de tasación conjunta de las expropiaciones y de los expedientes declarativos de urgente ocupación; supresión de los informes previos de otras Administraciones en las licencias urbanísticas; participación municipal en la gestión del dominio público estatal o autonómico; reforma de los jurados provinciales de urbanismo; promoción municipal y provincial de la vivienda; integración de las Entidades locales en las conferencias sectoriales de vivienda; otorgamiento a los municipios del derecho de tanteo y retracto para la adquisición de viviendas de promoción pública.
  16. Patrimonio histórico-artístico. Reconocimiento de competencias a los municipios para la conservación del patrimonio histórico-artístico; tutela municipal de los bienes de interés cultural; aprobación municipal de los planes especiales del subsuelo para la determinación de zonas arqueológicas.

Desde esta propuesta que se ha desarrollado a lo largo de estos años se llega al desalentador anteproyecto de Ley de reforma para la nacionalización y sostenibilidad de la Administración Local,  fundamentado en unos vectores de racionalización de estructura anclados en la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa como exigencia de los tiempos actuales y no olvidando el mismo como principio constitucional básico del funcionamiento de las Administraciones publicas, con reflejo en la exposición de motivos del anteproyecto (Art 135 CE, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de la actuación de la Administración).

La estructura administrativa deberá estar regida por estos ratios y objetivos que hasta ahora no existían y con su aprobación se podrán evaluar los servicios públicos que se prestan, pudiendo reasignar la prestación de los mismos a las diputaciones Provinciales aquellos servicios mínimos de los Municipios menores de 20.000 Habitantes cuando sus ayuntamientos no los presten “ADECUADAMENTE”.

En España padecemos el inframunicipalismo, dado que la media de habitantes esta situada en torno a los 4.900, siendo que solo tres países del entorno UE están por debajo de dicha concentración, por lo que la mayoría de los municipios no disponen de un tamaño adecuado para una gestión eficaz de los servicios locales, como por ejemplo la recogida de basuras.

La UE fija la cifra ideal en torno a los 20.000 habitantes, pero la situación financiera actual y en previsión de que la prestación de estos servicios básicos municipales darían un resultado insuficiente, nos sitúa en la tesitura de tener que elegir entre la fusión de municipios o desapoderar a los anteriores cuando no cumplan con los mínimos establecidos, eligiendo esto último, lo que conlleva el peligro de desaparición de Mancomunidades y Entidades Locales.

La exposición de motivos aún considerándola acertada, olvida otros principios constitucionales también reconocidos en nuestra Carta Magna, incorporados en nuestra Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en su art. 2.1 que dice: la atribución de competencias a las entidadades locales debe efectuarse de acuerdo con los principios de descentralización y de máxima proximidad de gestión administrativa a los ciudadanos.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre el Sector Público ejercicio 2010.

http://www.tcu.es/uploads/I959.pdf

El inicio del procedimiento de descentralización administrativa se cierra con el informe del Tribunal de Cuentas sobre el Sector Publico. Este informe ha sido el fundamento para que por parte del actual gobierno se haya planteado la necesidad de realizar el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales.

En la actualidad está pendiente de que sea informado de los costes standar para su remisión definitiva al Congreso de los Diputados, siendo que no existe pacto alguno entre lasa formaciones políticas dado el grado de crispación existente.

Pero el Tribunal de Cuentas se concreta en las conclusiones que aparecen a partir de las páginas 135 y ss. del mismo siendo a destacar entre otras muchas las siguientes:

  1. El 88% de las Entidades Locales de las que se disponen datos han gestionado su actividad con presupuestos prorrogados. El 26% aprobaron el presupuesto en 1º trimestre del ejercicio, el 23 % en el 2º trimestre, el 30% en el segundo semestre y el 8% utilizo los prorrogados a lo largo de todo el ejercicio economico.
  2. El 49% de las EE.LL. de las que se disponen datos incumplió el plazo estipulado para la liquidación de presupuestos de 2010, el 48% aprobaron la liquidación antes del 31 de diciembre de 2011 y el 2% restante con posterioridad a l 2011.
  3. Solo el 56% de las cuentas rendidas en el ejercicio 2010 fueron aprobadas por el pleno de la Corporación con anterioridad al 1 de Octubre del ejercicio al que se refieren.
  4. La falta de rendicion de cuentas generales por la EE.LL. incide directamente en la rendición de cuentas de sus dependientes.
  5. El 10% de las cuentas generales del ejercicio del 2010 fueronrendidas a través de la Plataforma de rendicion de cuentas por EE.LL. que tenían alguna entidad dependiente, no incluían la cuenta anual de alguna de ellas.
  6. En 2009, el 83% de las cuentas que llevaron la contabilidad ajustada al modelo normal tenía incidencias, y de los que presentaron las cuentas ajustadas al modelo simplificado, tenian incidencias en el 66%.
  7. Sobre maginitudes presupuestarias, economicas y patrimoniales, se han presupuestado ingresos de 51,3 millones de euros, realizandose modificaciones en la previsiones iniciales por importe de 20,4 millones de euros, lo que supone el 40% de las previsiones iniciales. Los derechos reconocidos son muy superiores a los realmente ejecutados que rondan el 74% de los derechos.
  8. En cuanto al gasto, el importe de lo presupuestado ascendió a 50,8 millones aprobandose unos modificados de créditos por valor de 20,3 millones de euros. El porcentaje de modifcacion alcance el 40%, muy superior al necesario, utilizando de forma incorrecta esta figura presupuestaria, siendo la ejecucion de los creditos definitivos alcanza solo el 75%, frente al 100% que presenta la ejecución de los créditos iniciales.
  9. En ralación con el gasto en personal, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, reducen en 10.027 efectivos el número de empleados, pero cuenta en totalidad 647.488 trabajadores, Entre los anteriores, 2.164 es el aumento de funcionarios, 11.416 disminución de laborales, y tambien 775 de eventuales menos.
  10. Los gastos del capitulo 1, han ascendido a 15 mil millones de eeuros en el presupuesto total del ejercicio de 2010.
  11. A pesar del Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptaron medidas para la reduccion del deficit (Reduccion del salario a los funcionarios un 5%) los gastos de personal muestran una disminucion acumulada del ejercicio 2009 al 2010 de solo el 1%. Las retribunciones aumentan un 1%, la productividad y las indemnizaciones disminuyen un 10 y un 8% respectivamente.
  12. EL mayor aumento de retribuciiones se da en la Mancomunidades y ayuntamientos de municipios de entre 1.001 y 50.000 habitantes.
  13. La relacion gastos de personal e ingreso de naturaleza tributaria en ayuntamientos alcanza una media de 83%, los valores más altos se da en Ayuntamientos entre 1.001 y 5.000 habitantes y los valores mas bajos del 59% en ayuntamientos de mas de 50.000 habitantes.

Todo lo expuesto hasta ahora es simplemente como botón de muestra por la cual se aborda la presente reforma que consideramos de calado son las que inspiran este informe del Tribunal de cuentas

Así desde la utilizacion de estos datos, con la fijacion de unos ratios o indicadores de racionalización y sostenibilidad que no existían, basados en la eficacia y eficiencia, y en el establecimiento de un coste estándar de la prestación de dicos servicio publicos, se intenta la modificación de la Administración Local, incidendo en la no descentralización y en la Autonomia Local.

La polemica se centra en la retribucon de los altos cargos, concejales y asesores colisionando con el interes de los partidos politicos dado la utilizacion de las institutciones para el interes del aparato del propio partido y la logica economica y social actual. ¿Qué es primordial? Cumplir las tares de gobernar y gestionar con los recursos humanos disponibles y no reservas plazas para militantes de los partidos politicos en el poder.

Pero, ¿donde incide la reforma que vamos analizar? En la disminucion de las competencias de los Ayuntamientos. UNA ADMINISTRACION, UNA COMPETENCIA.

Tercera parte

Y carta parte

 

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