LATINOAMÉRICA ANTE EL RETO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

Autor: Pedro Casado

En Latinoamérica, el concepto de “Seguridad Jurídica” está concebido desde la necesidad del fortalecimiento de la percepción de la “Seguridad” en el ámbito de la empresa privada: protegiendo el tejido industrial, sin olvidar que nos encontramos en un contexto de globalización en el que la interrelación de los diferentes sistemas económicos hace indispensable que se cumplan una serie de requisitos en la defensa de los intereses del sector privado. Todo ello, sin restringir la capacidad del Estado en cuanto a la protección de los intereses económicos y soberanos del país.

La región se encuentra en un proceso de expansión económica sin precedentes en la historia, en el que los índices de crecimiento económico de determinados Estados están muy por encima de las expectativas de los analistas financieros a nivel mundial. Este hecho ha provocado que salgan a la luz las grandes diferencias que existen entre las clases sociales que componen dichos estados.

La Fundación Konrad Adenauer ha realizado diversos análisis sobre los “Índices de Desarrollo Democrático de América Latina” [1]. Los resultados ponen de manifiesto que aunque la región obtiene un crecimiento económico considerable, todavía mantiene unos niveles democráticos en muchos casos cuestionables, incluso en países con grandes recursos como Venezuela, Ecuador o Bolivia.

Analizando más a fondo el citado estudio, los índices de “Calidad, Institucional y Eficiencia Política”, “Índice de libertad económica”, “Índice de percepción de corrupción” y el “Índice de derechos políticos” son peores si cabe, ya que en la gran mayoría de casos dejan al descubierto las grandes carencias de los Estados latinoamericanos. En la siguiente gráfica, en la que se reflejan los datos de “Calidad Institucional y Eficiencia Política” podemos observar como tan sólo tres países obtienen datos dignos (Costa Rica, Uruguay y Chile), tres países obtienen un aprobado (Panamá, Perú y Salvador) y el resto reciben un suspenso. Hay que hacer mención a los cuatro últimos de la lista: Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela, porque logran unos resultados que reflejan la baja calidad democrática de sus diferentes gobiernos.

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el IDD – LAT 2012

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el IDD – LAT 2012

No es casualidad que la libertad jurídica de estos países se ponga en tela de juicio. Esto se refleja en los diferentes casos de expropiación llevados a cabo recientemente por sus mandatarios nacionales. En el mes de abril del año 2012, Repsol – YPF se llevaba una desagradable sorpresa en Argentina con el proceso de expropiación iniciado por el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A finales del 2012 y principios del 2013, era el gobierno de Bolivia, del presidente Evo Morales, el que iniciaba procesos de expropiación de cuatro filiales de Iberdrola, otra de Red Eléctrica Española y más recientemente de la empresa de  gestión de servicios de aeropuertos bolivianos SABSA, perteneciente al consorcio español Aena – Abertis. En estos procesos de expropiación se observan diferentes modos de actuación por parte de los diferentes gobiernos, aunque en ambas ocasiones, las maneras puedan considerarse, en mayor o menor medida, discutibles y cuestionables.

También resulta llamativo que los cuatro Estados más importantes del tratado del ALBA, es decir, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia[2], sean los que han obtenido un resultado más bajo en el análisis de los conceptos anteriormente citados. Hay que tener en cuenta que este tratado es un proyecto de colaboración política, social y económica entre estos países, aunque promovido principalmente por Cuba y Venezuela en contra del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que impulsó Estados Unidos[3].

Otro caso paradigmático se produce al analizar el “Índice de Libertad Económica”, donde se puede observar como el resultado obtenido por el conjunto de los Estados es bastante favorable, y es Venezuela el único país que suspende. Este hecho se ha podido producir, previsiblemente, gracias al fuerte crecimiento económico de la región, pero no demuestra en ningún caso que esto vaya en beneficio del conjunto de las inversiones privadas, según se observa en los casos explicados anteriormente.

Elaboración propia con datos de IDD – LAT 2012

Elaboración propia con datos de IDD – LAT 2012

Con todo, es destacable que los países están haciendo grandes esfuerzos en pro de seguir creciendo económicamente, y que los casos anteriores sólo reflejan excepciones puntuales. Por último, en los índices de “Percepción de Corrupción” y de “Derechos Políticos” se encuentran datos realmente preocupantes para la región, dado que en la gráfica analizada tan sólo cuatro países obtienen buenas notas, mientras que las del resto de países resultan alarmantes para la estabilidad de la región.

Elaboración propia con datos de IDD – LAT 2012

Elaboración propia con datos de IDD – LAT 2012

Con estos datos en la mano, si se analiza el estudio en conjunto, se puede considerar que la región es estable democráticamente,  aunque con unos países en el “grupo mínimo de desarrollo democrático[4] (Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela).

Todos los conceptos analizados en las gráficas constituyen ejes vertebradores de las políticas de los Estados, y son reflejo de la situación existente en la región. Todavía queda mucho por hacer, y los planteamientos de seguridad de los países deberían incluir planes regionales en la lucha contra las amenazas existentes, además de programas de seguridad a nivel nacional. Todo ello para mejorar la estabilidad institucional de su respectivo país. Por eso, la seguridad jurídica es un pilar fundamental en el desarrollo del Estado, y de su “Seguridad”, donde garantizar las inversiones extranjeras trae consigo, en gran medida, el  progreso  económico del país.

Relación Gobierno – Sector Privado

Teniendo en cuenta el actual contexto económico regional, la relación del Gobierno – Sector Privado se antoja, ahora más que nunca, necesaria e imprescindible. Las economías de los Estados están directamente vinculadas a la inversión privada dentro de sus sectores empresariales. Por ello, la fluidez en el diálogo entre ambos se torna fundamental, ya que cualquier cambio en las políticas públicas influye en el tejido empresarial.

Por este motivo, los Estados latinoamericanos deben establecer agendas de diálogo común que les permitan obtener un feedback de información, en pro de beneficiar no sólo a sus respectivas economías, sino también el fomento del empleo entre sus ciudadanos. Según un estudio realizado por la Consultora Llorente & Cuenca, de origen español pero con fuerte presencia en Latinoamérica, se ha concluido que las relaciones entre el sector público y el privado no pasan por su mejor momento.

Según el “IV Estudio sobre las relaciones Empresa-Gobierno en América Latina, España y Portugal[5], publicado en octubre del 2012 por la citada consultora en colaboración con el Instituto de Iberoamérica[6] y la CEOE[7], el 42,8% de los empresarios encuestados justifica como escasa o nula la colaboración de los gobiernos en la actividad del sector empresarial. Los empresarios peruanos son los que peor percepción tienen de la relación con su gobierno, pues el 56,6% declara que este contacto es escaso o nulo; seguido de los colombianos, con un 48,3%; y de argentinos, con un 42,2%. Otro de los aspectos que se pueden resaltar del estudio es la impresión de los empresarios que no se sienten influyentes en las políticas económicas de sus gobiernos, ya que el 47,1% de los encuestados sostiene que su influencia en este aspecto es escasa o nula.

Sin embargo, esta investigación refleja una ligera mejoría en cuanto al nivel de preocupación por la seguridad jurídica de las empresas. Destaca que, en el año 2011, esta percepción se elevaba hasta el 43% de los encuestados, mientras que en 2012 la tendencia se rebajó hasta el 38,4%.

A pesar de todo, los países con datos  inferiores son México, con un 60% de repuestas entre baja y muy baja; Argentina, con un 58,7%; Ecuador, con un 58,3%, y Perú, con un 34,9%. Este estudio refleja, una vez más, que la situación en Latinoamérica pasa por momentos de profundos cambios estructurales, en los que la interrelación de los diferentes actores de la sociedad y del Estado Democrático se torna, ahora más que nunca, necesaria e imprescindible. Esto se debe a que cualquier progreso regional pasa, en todos los ámbitos, por la fortaleza de sus sistemas económicos y, consecuentemente, de la seguridad jurídica de los Estados. Estos planteamientos deberían formar parte, a su vez, de las estrategias de “Seguridad” de los países latinoamericanos tanto a nivel nacional como regional.

Reflexiones finales

La percepción de “Seguridad” de los Estados exige la planificación estratégica en la lucha contra las amenazas externas, sin olvidar la lucha contra las deficiencias de sus respectivas estructuras públicas y de sus gobiernos democráticos. El planteamiento de seguridad regional sostiene como uno de sus pilares fundamentales “la promoción económica y social” de los Estados, en los que la seguridad jurídica de sus tejidos empresariales debería conllevar una política de protección activa por parte de los gobiernos en defensa de sus respectivos sistemas económicos.

Como indican los datos analizados, la región aún dispone de una serie de deficiencias en las estructuras públicas y democráticas estatales que hacen peligrar cualquier planteamiento regional de seguridad. Si bien la “Seguridad Jurídica” que existe en la región se puede considerar estable, se dan casos puntuales que hacen dudar a los inversores internacionales de si realmente Latinoamérica es un lugar seguro para hacer negocios económicos.

En este punto, la apertura de canales de comunicación activa entre las diferentes administraciones públicas y el sector privado permitiría la creación de sinergias que favorecerían la instauración y el mantenimiento de un tejido industrial de calidad. Los empresarios son importantes sujetos canalizadores de la comunicación de las políticas gubernamentales, ya que a su vez son uno de los representantes principales del tejido social.

Es por ello que la clase política debería atender a estos canales como una de sus principales fuentes de información a la hora de establecer nuevas políticas económicas y de empleo. Los Estados no pueden olvidar que cualquier planteamiento común de seguridad y  de crecimiento regional debe conllevar una fuerte inversión por parte de la comunidad internacional, que pueda beneficiar a los diferentes tejidos empresariales. En el contexto de globalización actual, mantenerse alejado del sistema económico internacional no es una buena táctica a la hora de conseguir un crecimiento sostenido. No debe pasarse por alto que en el caso de Asia, Estados pobres como China, Singapur, Hong Kong, Taiwán o Corea del Sur han abierto sus puertas al sistema económico internacional y han conseguido, en mayor o menor medida, unos índices de crecimiento económico superiores al 5%. Esto es debido a que gracias a la apertura de sus economías al sistema internacional, sus gobiernos han sido capaces de reducir los indicadores de pobreza de sus respectivas sociedades, y han llegado incluso a convertirse en referentes económicos de sus regiones.

El término “Seguridad Jurídica” no significa que los Estados deban abrir sus puertas sin límites ni control al sistema económico, ni tampoco permitir a las empresas hacer y deshacer a su antojo sin ninguna limitación. Se trata más bien de establecer un marco de derecho común a todas ellas, bajo el paraguas de un sistema judicial en el que éstas encuentren amparo para proteger sus inversiones de agresiones externas, no sólo de sus competidores, sino también de las acciones directas de los Gobiernos.

Por último, es necesario puntualizar que un planteamiento común de seguridad, como el señalado en la Conferencia de Seguridad de México del año 2003, tendría que conllevar, de cualquier manera, la implicación de medidas de apoyo a los Estados más que “débiles” para reforzar sus respectivas estructuras públicas. En este punto, se deberían tener en cuenta sus particulares percepciones y sensibilidades nacionales con las que las sociedades latinoamericanas deben de ser soberanas a la hora de determinar el futuro de sus formas de gobierno. Si bien es cierto que la mayoría de países disponen de sistemas electorales estables, en mayor o menor medida, aún existen casos en países como México, en donde elección tras elección se continúa denunciando la manipulación de los comicios.

Estas cuestiones no benefician ni a la legitimidad de los diferentes gobiernos, ni a la percepción de la seguridad de la región. Amenazas como el narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia callejera siguen siendo uno de los principales problemas que, además, terminan afectando negativamente a la estabilidad de los países que las sufren. Asimismo, estos desafíos constituyen una de las principales preocupaciones de la sociedad a la hora de establecer las prioridades a las que sus diferentes dirigentes políticos deben hacer frente.

Estos aspectos no siempre se tienen en cuenta debido a la corrupción existente, en muchas ocasiones, dentro de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, a menudo, se tornan encubridores de estas amenazas, debido en gran parte a la poca profesionalización y los bajos salarios existentes. Uno de los ejemplos más claros al respecto se encuentra en México, en donde en el año 2008 la corrupción representaba el 8% del PIB[8]  y más del 95% de los crímenes quedaban sin esclarecer.

Si bien es cierto que la erradicación de estas amenazas es, a día de hoy, muy complicada, su disminución es, sin embargo, posible mediante el crecimiento económico de la región y, en consecuencia, de sus sociedades. Para que este hecho se produzca, resulta necesaria la implicación de las administraciones públicas de todos los Estados en la promoción de la estabilidad y la “Seguridad Jurídica” de los sistemas económicos. Una sociedad con la capacidad de sostenerse económicamente puede ser la mejor solución para paliar amenazas como el narcotráfico, la delincuencia o la trata de personas que afectan, en porcentajes desorbitados, a la mayoría de países latinoamericanos.

Artículo publicado por Pedro Casado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

[1] Fundación Konrad Adenauer; Índice de Desarrollo Democrático de América Latina – IDD LAT 2012

[2] Término reflejado en el “Índice de Desarrollo de Democrático de América Latina”

[3] “IV Estudio sobre las relaciones Empresa-Gobierno en América Latina, España y Portugal”, Octubre 2012 , Llorente & Cuenca, España

[4] Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (España)

[5] CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

[7] Cuba, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas no han sido evaluadas en informe IDD – LAT 2012

[8] Estados Unidos no ha sido evaluado en el informe IDD – LAT

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