Riqueza, pobreza y desigualdad social: ¿Cómo se cuantifican?

Autor: Ansgar Seyfferth

Uno de cada cinco españoles vive oficialmente debajo del umbral de la pobreza y la desigualdad social en el país ha aumentado de manera alarmante. La crisis ha puesto en primer plano unos conceptos que antes no tenían este protagonismo en el debate público. ¿Pero qué significa ser pobre en un país europeo y como se determina la desigualdad social? ¿Cómo medir estos fenómenos para obtener así una visión real y detallada de la situación socioeconómica y de su evolución como base para las decisiones políticas y la evaluación de las mismas? Está claro que para ello no basta con los clásicos indicadores omnipresentes en las noticias económicas como el producto interior bruto (PIB), su tasa de crecimiento, la renta per cápita (el PIB dividido entre la población, que como media aritmética nada nos dice sobre el reparto de la renta) y la tasa de paro (más aún cuando se extiende el empleo precario de modo que un trabajo ya no supone necesariamente unos ingresos dignos). Una elevada renta per cápita y una reducida tasa de paro no son sinónimo de menos pobreza y desigualdad, como muestra muy bien el caso de Estados Unidos. Pero estos conceptos se emplean demasiadas veces sin rigor y de manera confusa, como ilustraremos con algunos ejemplos, a la vez que intentaremos aclarar los más relevantes, empezando con la renta per cápita para pasar después a los indicadores específicos de pobreza y desigualdad.

La renta per cápita como indicador de riqueza y sus limitaciones

Empezando por lo más básico, son frecuentes las referencias de los medios de comunicación al G-7 como “los siete países más ricos (o industrializados) del mundo” o a Alemania como “el país más rico de Europa”, lo cual no tiene base alguna. Sucede que los siete países integrantes del G-7 eran en su momento (antes del ascenso de grandes países emergentes que llevó a la creación del G-20) las mayores economías nacionales del mundo, al igual que Alemania es la mayor de la Unión Europea (UE), en términos de PIB (que mide el valor monetario de la producción de un territorio en un periodo de referencia, normalmente un año). Pero sin ponerlo en relación con el tamaño poblacional, nada nos dice este indicador sobre la riqueza (hay países más ricos aunque debido a su menor población su PIB sea menor), lo cual debería ser obvio y nos lleva a la ya mencionada renta per cápita. Para usarla como indicador del nivel de vida hay que ponerla también en relación con el nivel de precios. Para tener en cuenta su variación con el tiempo, normalmente al alza (inflación), se divide el PIB o la renta per cápita nominal entre el llamado deflactor que indica el nivel de precios relativo al de un año de referencia (“año base”), para obtener así la evolución real, descontando el efecto de la inflación. Y para tener en cuenta las diferencias de precios entre diferentes países, se emplea el concepto de la paridad del poder adquisitivo (PPA): La renta per cápita de un país se divide entre su índice de nivel de precios, que indica el nivel de precios del país relativo a un nivel de referencia (en las estadísticas de la UE la media de la Unión), lo que ajusta la renta per cápita a la baja en los países más caros y al alza en los países con un coste de vida menor (como España, con un nivel de precios del 94,8% sobre la media de la UE en 2013) de modo que se pueden comparar los niveles de vida en términos de poder adquisitivo.

Sin embargo, este ajuste se suele llevar a cabo solamente a nivel de país, a pesar de que los precios también pueden variar mucho dentro de un país, un aspecto a tener en cuenta al comparar rentas per cápita regionales: Si la de Londres Interior, la mayor de la UE, triplica la media nacional británica (que en términos de PPA equivale aproximadamente a la de la UE), no se puede deducir lo mismo para el nivel de vida en la zona capitalina, dado que no se tiene en cuenta su mucho mayor coste de vida frente al resto del país al usar un mismo índice de nivel de precios para toda Gran Bretaña. Otra diferencia llamativa en la renta per cápita que tampoco se corresponde con el nivel de vida es la de Luxemburgo frente a sus países vecinos, a pesar de que aquí sí se ajusta por precios. Pero el PIB mide la producción llevada a cabo en un país, independientemente de la residencia de quien la genera, a diferencia del producto nacional bruto (PNB) de un país que incluye los productos y servicios generados por sus residentes. En la mayoría de los países la diferencia entre ambos indicadores no es demasiado importante, pero sí en un país pequeño como Luxemburgo, donde casi la mitad de los trabajadores reside en los países vecinos, contribuyendo al PNB de los mismos pero al PIB luxemburgués. De este modo inflan la renta per cápita luxemburguesa al entrar en el cálculo en el numerador (PIB) pero no en denominador (población residente), o dicho de otro modo, todo el PIB del ducado, inclusive la parte que pertenece a los residentes extranjeros, es repartido en las estadísticas oficiales solo entre la población residente, que por tanto aparece como más rica de lo que realmente es.

Medir la producción de una economía no es tarea fácil y el PIB (y con él la renta per cápita) no es un indicador perfecto que además se encuentra en constante evolución. Entre sus lagunas cabe mencionar la economía sumergida cuyo tamaño solo puede estimarse y el trabajo no remunerado que queda excluido: Si un viudo se casa con la empleada doméstica interna que le lleva las tareas del hogar inclusive el cuidado de sus hijos, dejando de pagarla con un salario a partir de entonces, el trabajo de ella ya no entra en el PIB aunque siga haciendo lo mismo que antes y tenga ahora un mayor nivel de vida. Por otro lado, muchos servicios públicos se financian a través de los impuestos sin que el ciudadano pague al usarlos o solo paga una pequeña tasa que no cubre de lejos su coste, por lo que no hay precios de mercado con los que valorar la contribución de estos servicios al PIB. Se valoran simplemente con su coste, con la consecuencia perversa de que el PIB aumenta con un incremento del gasto en estos servicios no solo si se traduce también en mejores prestaciones para los ciudadanos sino también si solo se debe a la ineficacia y el despilfarro.

Pero sobre todo hay que recordar que la renta per cápita es una media que no proporciona información sobre el reparto de la riqueza. Una pequeña minoría muy rica puede subirla considerablemente y como ya vimos en otro artículo reciente, en este tipo de distribuciones asimétricas, con una larga cola hacia la derecha (ya que los ingresos no están acotados hacia arriba) la mayoría de la población se sitúa debajo de la media. Y una monarquía petrolera de Oriente Próximo con amplias élites inmensamente ricas y gran parte de la población viviendo en circunstancias de lo más modestas puede tener una renta per cápita parecida a la de un país igualitario del centro o norte de Europa, ya que los extremos se compensan de cara a la media. Las enormes diferencias socioeconómicas entre ambas sociedades no quedan reflejadas en la renta per cápita. Para medirlas se requieren indicadores de desigualdad.

Cuantificando la desigualdad social

“No hay en este momento unos indicadores precisos ni en España ni en Europa sobre los datos de desigualdad” afirmó en 2013 el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, cuando en 2011, aún como líder de la oposición y candidato a la presidencia, el mismo usó uno de ellos para reprochar a su contrincante Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate televisado ante las elecciones generales del 2011 el aumento de la desigualdad en España durante el gobierno socialista al que perteneció Rubalcaba: “La diferencia entre el 20% que tiene más ingresos y el 20% que tiene menos es del 6,9 y la media europea del 4,9. Nosotros [el gobierno anterior del que formaba parte Rajoy] lo dejamos en el 5.” Sin duda una temática muy apta para poner en aprietos a un candidato socialista, pero resulta que dicho así la afirmación carece de sentido, cosa que por lo visto pasó inadvertida a los medios (y a Rubalcaba). ¿A qué “diferencia” se refería Rajoy? ¿Una diferencia de ingresos de 6,9 Euros anuales per cápita? ¿O del 6,9% sobre los ingresos de uno de los dos grupos? En ambos casos España sería el país más igualitario del mundo. Pero lo que realmente indican estos números no es ninguna diferencia sino el ratio entre los ingresos de ambos cuantiles, o dicho de manera más clara, que la quinta parte más rica del país en términos de ingresos ha obtenido en el año de referencia casi 7 veces más ingresos que la quinta parte más pobre. Este intuitivo indicador se conoce como el ratio S80/S20, que para los países más igualitarios del centro y norte de Europa tiene valores de entre 3 y 4. A él se refirió algo más de un año después también Cáritas, cuando denunció que los ingresos medios de las personas más ricas de España eran siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas, un mensaje llamativo que fue ampliamente reproducido en los medios de comunicación, que por lo visto no se dieron cuenta que está hueco de contenido: Al no especificar a qué se refiere con los “más ricos” y los que “tienen menos rentas”, ajustando la definición de ambos grupos la frase sería válida para cualquier país: En un país mucho más igualitario como los escandinavos podría ser el 5% más rico que tiene 7 veces más ingresos que el 5% más pobre.

Otro indicador muy extendido es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos en una escala de 0 (todos tienen los mismos ingresos) a 100 (todos los ingresos son para una sola persona) y que en la práctica se sitúa entre 20 y 80 para los países del mundo. Los más desarrollados suelen ser más igualitarios, situándose con la excepción de EE.UU. por debajo del 40. España con 34 tiene uno de los valores más elevados de Europa. El siguiente gráfico proporciona los detalles de su cálculo.

Gini

La curva de Lorenz (en rojo) indica para cada X (coordenada horizontal) el porcentaje de los ingresos totales de un país que corresponde al X% más pobre (coordenado vertical). Une los puntos (0;0) y (100;100) transcurriendo dentro del triángulo. El coeficiente de Gini es el área entre la diagonal y la curva, expresado como porcentaje del área del triángulo entero. Si todos tienen los mismos ingresos la curva equivale a la diagonal y el área desaparece y si una persona tiene todos los ingresos la curva sigue los otros dos lados del triángulo de modo que el área ocupa todo el triángulo.

La pobreza y las paradojas de su definición en la Unión Europea

La proporción de los españoles que se encuentra en riesgo de pobreza ha bajado oficialmente del 20,8% en 2012 al 20,4% en 2013, es decir que 1 de cada 50 pobres ha dejado de serlo. Suena a una mejora, por muy modesta que sea, pero se trata de un espejismo. La oficina estadística de la UE Eurostat define el 60% de la mediana nacional de los ingresos como umbral debajo del cual uno está considerado en riesgo de pobreza. (Recordemos que la mediana de los ingresos, inferior a la media, es el importe que divide la población por la mitad, de modo que la mitad tiene unos ingresos por encima de la mediana y la otra mitad por debajo.) Por lo tanto, no se trata de una definición de pobreza en términos absolutos, sino exclusivamente relativos, que más que la pobreza mide la desigualdad: Si todos los habitantes de un país duplicaran sus ingresos en términos reales, también la mediana y con ella el umbral de pobreza se duplicarían, por lo que la proporción oficialmente en riesgo de pobreza no se reduciría lo más mínimo, a pesar del más que notable aumento del nivel de vida. Y de la misma forma, conforme España se ha empobrecido con la crisis, con la correspondiente reducción de la mediana de los ingresos, el umbral oficial de riesgo de pobreza ha bajado en la misma proporción, de 8.877 € en 2009 a 8.114 € en 2013 para un hogar unipersonal (datos siempre referidos al año anterior). Por tanto, la ligera reducción de la tasa de riesgo de pobreza en 2013 no se debe necesariamente a personas desfavorecidas que han mejorado sus condiciones de vida: Una persona que vive sola y que en 2008 ingresó 8.850 € (lo que supone ser considerado en riesgo de pobreza en 2009) y cuatro años después solo 8.150 €, lo que supone (teniendo en cuenta que entre tanto el índice de precios creció un 7,3%) una dolorosa pérdida de poder adquisitivo en un 13%, habría salido no obstante milagrosamente del riesgo de pobreza, simplemente porque el país se ha empobrecido más que ella.

Además, la definición, más que unificar criterios en la UE, hace que las tasas de riesgo de pobreza de los diferentes estados miembro no sean comparables. El umbral de riesgo de pobreza de Luxemburgo superó en 2013 al de Rumanía en un factor de casi 16 en términos nominales y de más de 7 en términos de PPAs. Si un rumano con unos ingresos justo por encima del umbral de pobreza en su país, donde por tanto no está considerado en riesgo de pobreza, emigra a Luxemburgo donde encuentra un trabajo que multiplica sus ingresos por 15, se da la ridícula circunstancia de que a pesar de haber aumentado su poder adquisitivo en un factor de 7, Eurostat empieza a considerarle en riesgo de pobreza al situarse justo debajo del elevado umbral de Luxemburgo. Las diferencias entre los umbrales produce también datos tan absurdos como una menor tasa de riesgo de pobreza en Hungría (14,3% en 2013) que en Luxemburgo (15,9%) o Suecia (14,8%), cuando los umbrales de pobreza de Suecia y Luxemburgo, incluso ajustados al nivel de precios de Hungría, lo que implica reducirlos a menos de la mitad en término nominales, superan con creces hasta la mediana de los ingresos en Hungría (en el caso de Luxemburgo en un factor de más de 2), de modo que con los criterios suecos o luxemburgueses en términos de PPAs, la gran mayoría de los húngaros estaría en riesgo de pobreza.

En defensa de Eurostat hay que alegar que, al igual que el Instituto Nacional de Estadística español (INE), explica el indicador en su página web y aclara que no mide la pobreza absoluta, pero eso no justifica su nombre tan desafortunado, en el que la expresión “pobreza” al menos debería de ir acompañada por la palabra “relativa”, para indicar inequívocamente que la cuantifica solo en relación al nivel de vida general del país. Y es cierto que la pobreza, sobre todo la que trata más bien de unas condiciones de vida dignas sin llegar a una cuestión pura y dura de supervivencia, que es la que más nos encontramos en Europa, tiene una importante componente relativa, es decir más allá del poder adquisitivo en términos absolutos, importa también como se sitúa en relación con los demás. Por ejemplo verse obligado a vestir ropa intacta pero visiblemente vieja, desgastada y desteñida al no poder permitirse una renovación frecuente del vestuario, no tiene por qué mermar mucho la calidad de vida en una sociedad en la que eso es algo habitual, pero en un país rico donde la gente suele vestirse mejor, puede convertirse en un motivo de exclusión social y hasta laboral, al suponer un estigma de “pobre”. Lo mismo aplica para un niño que por falta de recursos de sus padres no dispone de una bicicleta: No tiene mayor importancia si los demás niños de su entorno están igual, pero si todos los demás tienen bicicleta no tenerla puede convertirse en un motivo de exclusión para el niño. Y existen evidencias de que en los países ricos la cuestión de cómo de ricos y pobres somos en relación con los demás es hasta más importante para el bienestar de la sociedad que la riqueza absoluta, es decir la renta per cápita. Pero eso no quita la necesidad de unos indicadores que complementariamente midan la pobreza en términos absolutos, con unos umbrales fijos en términos reales (PPAs), es decir que varían en proporción con el nivel de precios, como lo hace el Banco Mundial.

Otros conceptos relacionados con la pobreza

Obviamente no es lo mismo situarse justo por debajo del umbral que no tener ingreso alguno. En la UE se mide la intensidad de la pobreza a través de la brecha entre el umbral de pobreza y la mediana de los ingresos de las personas debajo del mismo, expresado como porcentaje del umbral. Es España fue del 30,9% en 2013, lo que quiere decir que la mitad de las personas en riesgo de pobreza, un 10,2% de la población, tenía en 2012 unos ingresos inferiores a 5.607€ (un 30,9% menos que el umbral de 8.114€) y la otra mitad entre 5.607€ y 8.114€.

La UE considera en riesgo de pobreza persistente a los que llevan cuatro años consecutivos debajo del umbral de la pobreza y que en España son más de la mitad del total de las personas en riesgo de pobreza. Es una diferencia importante, ya que una mera reducción transitoria de los ingresos, por ejemplo estando un año en paro hasta volver a encontrar un empleo o arrancando un negocio, aunque suponga estar oficialmente en riesgo de pobreza, no supone necesariamente un drástico empeoramiento de las condiciones de vida, sobre todo disponiendo de ahorros de los que tirar una temporada y que no se están teniendo en cuenta en esta definición de la pobreza basada en los ingresos.

Nota: Es importante no mezclar los ingresos, que al igual que el PIB son un flujo monetario medido en Euros/año, con los ahorros y demás componentes del patrimonio, que son una variable de stock monitario, medida en Euros sin más, como por ejemplo también el valor bursátil de una empresa. Por ello es engañoso equiparar las 100 mayores fortunas de España con el 15,6% del PIB español o con el PIB de Portugal (telediario de TVE), como si sumaran el 15,6% del total de la riqueza nacional o como si su riqueza acumulada equivaliera a la de todo Portugal. La interpretación correcta sería que las 100 mayores fortunas equivalen a lo que la economía portuguesa genera en un año (o al 15,6% de lo que genera la economía española en un año). De la misma manera no tiene sentido comparar las 20 mayores fortunas con los ingresos del 20% de la población más pobre.

Una variable alternativa a los ingresos para medir la pobreza son los gastos: Una persona, aunque haya visto mermados sus ingresos, no se considera pobre si gracias a sus ahorros puede mantener cierto nivel de gastos, sino solo si la ausencia de ahorros, o la consumición de los mismos debido a la prolongación de la falta de ingresos, también le obligan a unos gastos muy reducidos, una definición más acorde con las condiciones reales de vida. Sin embrago, el inconveniente de este enfoque es que los gastos dependen también de los costumbres, no solo de los recursos disponibles: Una persona austera puede tener unos gastos “pobres” sin necesidad sino por decisión propia. La UE no usa el gasto como medida oficial de pobreza y desigualdad.

Todo ello son formas objetivas de medir la pobreza. Existen también formas subjetivas, que tampoco se usan en la UE, pero que el INE detalla en este documento metodológico que en general proporciona una buena introducción de los diferentes conceptos de la pobreza. Otro problema ya comentado es que el coste de vida puede variar mucho dentro de un país, lo que dificulta el uso del dinero como indicador de las condiciones de vida. La UE también mide la pobreza de manera no monetaria, a través de la privación material, basada en una lista de nueve conceptos materiales. Quien carece de al menos tres de ellos se considera en situación de carencia material y si carece de al menos cuatro, de carencia material severa. Esta última proporción ha aumentado en España del 5,8% en 2012 al 6,2% en 2013, lo cual, unido al hecho que también ha aumentado la proporción de la población que llega al fin de mes con muchas dificultades del 13,5% al 16,9% parece confirmar que la ligera reducción del riesgo de pobreza efectivamente no se debe a una mejora de las condiciones de vida de las capas menos favorecidas de la población. Otro concepto empleado con frecuencia en la UE, dentro de su Estratégica 2020, es estar en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que afecta al 27,3% de la población española (2013) y se refiere a las personas que se encuentran en al menos una de las siguientes tres situaciones: en riesgo de pobreza; con carencia material severa; vivir en un hogar cuyos miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.

La procedencia de los datos y su fiabilidad

Para medir la desigualdad social, la UE se basa fundamentalmente en los datos del marco de estadísticas europeas sobre ingresos y condiciones de vida EU-SILC que se recogen anualmente, en el caso de España a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) a los hogares. Su metodología se resume muy brevemente en una nota al final de este artículo.

Tratándose de una encuesta, la cuestión de fondo es cómo de verídicos son las respuestas de los encuestados acerca de datos tan confidenciales como sus ingresos económicos, y más aún en casos en los que parte de los mismos son “en negro”. Esta problemática queda patente explorando los microdatos de la ECV para estimar a partir de ellos la renta per cápita disponible de España (los ingresos medios disponibles de los residentes en España para el consumo y el ahorro, inferior a la renta per cápita), que arroja un resultado muy inferior al que indica la contabilidad nacional, en nada menos que un 37% en el caso de la ECV del año 2010 según un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, con importantes diferencias en la magnitud de la infradeclaración de ingresos en la ECV entre distintos colectivos. Resulta sorprendente lo desapercibido que pasan estas enormes incoherencias, teniendo en cuenta que la ECV es la principal fuente de datos para las investigaciones socioeconómicas, cuyos resultados podrían estar por tanto distorsionados por diferentes sesgos. Es muy posible que las capas más pobres de la población tengan unos ingresos mayores de lo que indica la ECV, en buena parte por salarios recibidos en negro no declarados en la misma, pero sobre todo parece que la ECV no recoge bien los ingresos más altos, presumiblemente en buena parte por una elevadísima infradeclaración dentro del colectivo de empresarios y profesionales libres, de modo que el coeficiente de Gini de España (y con él la desigualdad social que mide) podría ser mayor aún de lo que indican las estadísticas oficiales.

Desde la ECV del año 2013, en línea con la práctica adoptada también en otros países europeos y muy posiblemente con el fin de reducir las mencionadas discrepancias, el INE combina la información facilitada por los entrevistados con los ficheros administrativos de organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social para obtener unos datos de ingresos más fiables, que de hecho incrementan la renta disponible según la ECV aproximadamente en un 15%, lo cual, aunque lejos de eliminarlas, reduce las incoherencias. Debido a este cambio de metodología no se pueden comparar los datos de la ECV del 2013 con los de las publicaciones anteriores, si bien el INE ha estimado retroactivamente hasta el año 2009 los principales indicadores resultantes de la nueva metodología (que son los valores que hemos utilizado aquí).

Al tratarse de una encuesta dirigida a los hogares deja fuera a las personas sin hogar. Según los datos oficiales del 2012 hay 23 mil en España, aunque este número solo contempla los mayores de edad que acuden a los centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en municipios de más de 20 mil habitantes. Cáritas estima el número total en 40 mil.

¿Son los españoles más ricos que los alemanes?

Para terminar vamos a fijarnos ahora en el patrimonio en vez de los ingresos. El año pasado un polémico y posiblemente interesado estudio del banco central alemán concluyó que los españoles (entre otros europeos) tenían un patrimonio neto bastante más elevado que los alemanes, lo cual causó no poca sorpresa en ambos países y aumentó el resquemor en Alemania en contra de los rescates europeos de países cuyos ciudadanos eran supuestamente más ricos que ellos. Según este estudio los hogares españoles tenían un patrimonio medio de unos 286.000 € frente a los 195.000 € de los hogares alemanes. Más revuelo aún causó la comparación de las medianas, donde la diferencia es más chocante: 178.000 € para España frente a 51.000 € de Alemania.

Otra vez más las medianas son inferiores a las medias debido a la asimetría de la distribución del patrimonio, que suele caracterizarse por una mayor desigualdad que los ingresos. Y al contrario de lo que sucede con los ingresos, la concentración del patrimonio en manos de los más ricos es más pronunciada en Alemania que en España, como muestra la relación entre media y mediana. Por tanto, si la mediana española supera a la alemana en un factor de más de tres, se debe en buena parte a la gran desigualdad patrimonial en Alemania. Para comparar la riqueza patrimonial de ambos países, el parámetro indicado es la media, donde la diferencia es mucho menor, aunque sigue siendo considerable. Pero se trata de medias por hogar y resulta que el tamaño medio de hogar en España era de 2,7 personas frente a 2,0 personas en Alemania, de modo que si calculamos el patrimonio medio per cápita, la diferencia se reduce drásticamente. Además, los datos de España provienen de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España del 2008, referida a datos del 2007, es decir con los inmuebles – que dada la alto proporción de españoles que ocupan una vivienda en propiedad (82%) suponen una parte muy importante del patrimonio privado – valorados con los precios inflados de la burbuja inmobiliaria al punto de estallar. La considerable reducción del patrimonio de los españoles por el desplome de los precios a partir de entonces, y que posiblemente lo situaría ahora mismo por debajo del patrimonio per cápita alemán, no quedó reflejada en el estudio.

Y finalmente hay que tener en cuenta que en los países desarrollados no toda la riqueza se acumula en el patrimonio privado, sino también en los derechos a prestaciones públicas, fundamentalmente de jubilación, que se van adquiriendo a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y que en el caso de muchos hogares humildes son la principal riqueza. Estas cotizaciones son superiores en Alemania, de modo que reducen en mayor medida la capacidad de ahorro (y por tanto de acumulación de patrimonio privado) de los alemanes, pero en cambio los alemanes tienen derecho a unas pensiones de jubilación superiores, una riqueza que queda fuera del alcance de este estudio.

Este tipo de noticias sorprendentes, contrarios a nuestra intuición y que luego no se sostienen, tienen la nefasta consecuencia de mermar la confianza de los ciudadanos en las estadísticas oficiales, cuando éstas son imprescindibles para una descripción objetiva de nuestra realidad socioeconómica, demográfica, etc., precisamente para no tener que fiarnos solo de nuestra intuición con todas sus limitaciones y sesgos.

Nota metodológica acerca de la Encuesta de Condiciones de Vida

Una de las principales variables de la ECV es el ingreso neto del hogar, que comprende los ingresos del trabajo por cuenta ajena, beneficios / pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales, rentas procedentes de esquemas privados de pensiones, del capital y de la propiedad, transferencias entre hogares, ingresos percibidos por menores y el resultado de la declaración por el IRPF, de todos los miembros del hogar en el año anterior a la entrevista.

Para poder comparar los ingresos de hogares de diferentes tamaños y teniendo en cuenta la economía de escala, se emplea el concepto de la unidad de consumo (u.c.): Acorde con la escala de la OCDE modificada, el primer adulto de un hogar cuenta como 1 u.c. y a cada miembro adicional se le asignan 0,5 u.c., o 0,3 si tiene menos de 14 años, de modo que por ejemplo un hogar unipersonal estaría formado por 1 u.c., uno compuesto por una pareja sin hijos por 1,5 u.c. y uno compuesto por una pareja con dos hijos pequeños por 2,1 u.c.. Dividiendo los ingresos del hogar entre el número de u.c., se obtienen los ingresos por unidad de consumo, que se adjudican a todos los miembros del hogar. Son estos ingresos por u.c. de las personas, también llamados ingresos equivalentes, que se usan para determinar el coeficiente de Gini, el ratio S80/S20, la mediana de los ingresos y con ella el (mal llamado) umbral del riesgo de pobreza, así como la proporción de personas viviendo debajo del mismo.

Los ingresos no incluyen las componentes no monetarias, salvo el coche de empresa, si bien existe un enfoque alternativo que para poder comparar mejor los hogares que pagan un alquiler completo con los que no lo hacen (por ocupar una vivienda en propiedad o a un alquiler por debajo del mercado o gratuitamente), imputa a estos últimos el correspondiente alquiler de mercado, descontando cualquier alquiler realmente abonado o los intereses de un préstamo para la compra de la vivienda. Los valores de los mencionados indicadores de desigualdad se ven modificados si se calculan a partir de los ingresos con alquiler imputado (en cuyo caso se suele indicar expresamente que se trata de valores con alquiler imputado).

Este artículo fue publicado por el autor en el premiado blog Ssociólogos.

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Acerca de Ansgar Seyfferth

Director y cofundador de la filial española de STAT-UP, empresa alemana de consultoría estadística y servicios de data science. Trabaja desde 1995 en Madrid en entornos internacionales, en áreas como la consultoría estadística, matemática, técnica e informática, incluyendo docencia y formación en estos campos, así como en el diseño y la venta de complejos sistemas y soluciones IT. Es Licenciado en Ciencias Físicas y Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania) con un Máster en Ingeniería Matemática por la Universidad Complutense de Madrid. De lengua materna alemana, habla además español y inglés y tiene conocimientos de francés y portugués. Es coautor de varios artículos científicos de diferentes áreas y columnista en el premiado blog Ssociólogos y el Huffington Post. También colabora con la junta directiva del Círculo Hispano-Alemán de Jóvenes Directivos.

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