Archivo de la etiqueta: democracia

LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁN QUE PASAR A UN SEGUNDO PLANO

Autor: Álvaro Marchante

Los ciudadanos españoles han perdido la fe en los políticos de los partidos mayoritarios. El PP y PSOE, que en las últimas dos décadas cada vez obtenían más votos, están a punto de perder aquello que les hace, o al menos les hacía, fuertes: su condición, aceptada socialmente, de partidos mayoritarios. Pero no es algo por lo que debamos alarmarnos, es una fase del proceso histórico habitual en numerosas democracias.

La pérdida de votos que continúan arrastrando tanto el PP como el PSOE en los sondeos publicados desde las últimas elecciones generales son una muestra cortoplacista de ello (Tabla 1). Una mirada más profunda del desgaste del sistema establecido con los partidos mayoritarios como centro de hacer política, la podríamos encontrar en los indicadores de confianza de las labores desempeñadas por los partidos que han estado en el gobierno y los principales partidos de la oposición en cada momento que nos muestran un continuo retroceso (Tabla 2).

Tabla 1 - Suma PP y PSOE en los sondeosTabla 2 - Confianza gobierno - oposiciónSi el desencanto político continúa o se agrava, la “casta política” no se renueva, los ciudadanos continúan con sus protestas, la economía no mejora pese a las continuas reformas y las instituciones democráticas siguen perdiendo confianza, los ciudadanos comenzarán a buscar otras formas de elegir a sus líderes (Nie, Verba y Petrocik, 1979). Un cambio en la forma de percibir la política no es imposible, ya ocurrió en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido así como en numerosos países de Latinoamérica. Los partidos políticos no siempre son el referente por el cual se vota a un proyecto o a otro.

Con unos partidos políticos mayoritarios con graves acusaciones de corrupción y unos líderes que rondan el 2-3 de valoración y con una desconfianza superior al 80%, lo normal es que haya un cambio de paradigma político. Sigue leyendo

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LATINOAMÉRICA ANTE EL RETO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

Autor: Pedro Casado

En Latinoamérica, el concepto de “Seguridad Jurídica” está concebido desde la necesidad del fortalecimiento de la percepción de la “Seguridad” en el ámbito de la empresa privada: protegiendo el tejido industrial, sin olvidar que nos encontramos en un contexto de globalización en el que la interrelación de los diferentes sistemas económicos hace indispensable que se cumplan una serie de requisitos en la defensa de los intereses del sector privado. Todo ello, sin restringir la capacidad del Estado en cuanto a la protección de los intereses económicos y soberanos del país.

La región se encuentra en un proceso de expansión económica sin precedentes en la historia, en el que los índices de crecimiento económico de determinados Estados están muy por encima de las expectativas de los analistas financieros a nivel mundial. Este hecho ha provocado que salgan a la luz las grandes diferencias que existen entre las clases sociales que componen dichos estados.

La Fundación Konrad Adenauer ha realizado diversos análisis sobre los “Índices de Desarrollo Democrático de América Latina” [1]. Los resultados ponen de manifiesto que aunque la región obtiene un crecimiento económico considerable, todavía mantiene unos niveles democráticos en muchos casos cuestionables, incluso en países con grandes recursos como Venezuela, Ecuador o Bolivia.

Analizando más a fondo el citado estudio, los índices de “Calidad, Institucional y Eficiencia Política”, “Índice de libertad económica”, “Índice de percepción de corrupción” y el “Índice de derechos políticos” son peores si cabe, ya que en la gran mayoría de casos dejan al descubierto las grandes carencias de los Estados latinoamericanos. En la siguiente gráfica, en la que se reflejan los datos de “Calidad Institucional y Eficiencia Política” podemos observar como tan sólo tres países obtienen datos dignos (Costa Rica, Uruguay y Chile), tres países obtienen un aprobado (Panamá, Perú y Salvador) y el resto reciben un suspenso. Hay que hacer mención a los cuatro últimos de la lista: Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela, porque logran unos resultados que reflejan la baja calidad democrática de sus diferentes gobiernos.

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el IDD – LAT 2012

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el IDD – LAT 2012

No es casualidad que la libertad jurídica de estos países se ponga en tela de juicio. Esto se refleja en los diferentes casos de expropiación llevados a cabo recientemente por sus mandatarios nacionales. En el mes de abril del año 2012, Repsol – YPF se llevaba una desagradable sorpresa en Argentina con el proceso de expropiación iniciado por el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A finales del 2012 y principios del 2013, era el gobierno de Bolivia, del presidente Evo Morales, el que iniciaba procesos de expropiación de cuatro filiales de Iberdrola, otra de Red Eléctrica Española y más recientemente de la empresa de  gestión de servicios de aeropuertos bolivianos SABSA, perteneciente al consorcio español Aena – Abertis. En estos procesos de expropiación se observan diferentes modos de actuación por parte de los diferentes gobiernos, aunque en ambas ocasiones, las maneras puedan considerarse, en mayor o menor medida, discutibles y cuestionables.

También resulta llamativo que los cuatro Estados más importantes del tratado del ALBA, es decir, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia[2], sean los que han obtenido un resultado más bajo en el análisis de los conceptos anteriormente citados. Hay que tener en cuenta que este tratado es un proyecto de colaboración política, social y económica entre estos países, aunque promovido principalmente por Cuba y Venezuela en contra del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que impulsó Estados Unidos[3]. Sigue leyendo

CÓMO AFECTA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A MI MUNICIPIO (4/4)

Primera parte

Segunda Parte

Tercera parte

LA VERDAD SOBRE EL SUELDO DE NUESTROS MUNÍCIPIOS EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL

 Retribución de los alcaldes y concejales según el tamaño del municipio


Retribución de los alcaldes y concejales según el tamaño del municipio

PERSONAL

La Ley, en materia de personal, atiende fundamentalmente a los siguientes  aspectos:

  • A la profesionalización de las estructuras directivas de gestión a través de la exigencia del nombramiento de determinados cargos entre personal funcionario.
  • A la potenciación de la figura del Interventor en los Ayuntamientos, pretendiendo la protección del mismo de los avatares políticos y de la dependencia de los órganos a los que controla.
  • Vuelve a la estructura orgánica anterior en los Cuerpos Nacionales retomando la  competencia sobre los mismos.
  • Pretende, tal como en otras ocasiones se han planteado incluso mediante normas reglamentarias, establecer una limitación en cuanto a las retribuciones del personal  de las Entidades locales.

Ciertamente pocas novedades puede apreciarse en lo señalado, salvo  posiblemente la apreciación de que no ha funcionado un modelo de incorporación  externa a los puestos directivos, basado, fundamentalmente, en la falta de control de la  capacidad técnica por haber primado más la “simpatía” con los partidos en el poder en  cada caso.

En el caso de la figura del Interventor el anteproyecto le concede una gran cantidad de competencias y responsabilidades, algunas incluso que pueden llevar a la  intervención de la Entidad Local, y pretende a la vez blindar al mismo de las posibles  presiones de los órganos a los que controla, a la vez pretende la limitación en las  retribuciones, lo que en principio no tiene por qué ser negativo, pero para garantizar la  independencia debería establecerse igualmente, al menos, el importe mínimo de estas,  al objeto de evitar situaciones como las que se aprecian en la actualidad en las que  determinadas entidades han optado por fijar unas muy bajas retribuciones con la  finalidad de no cubrir las plazas.

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CÓMO AFECTA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A MI MUNICIPIO (3/4)

Primera parte

Segunda Parte

Los objetivos de esta reforma según su exposición de motivos es la clarificación de competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones, racionalizar la estructura organizativa de la administración local de acuerdo con los principios de eficacia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizando el control financiero y presupuestario y favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. EL objetivo es la reducción de 5.600 millones de euros.

El primer objetivo puesto en el punto de mira es el Art. 2. Apartado 1, de la LEY 7/1985 LBRL que se orientaba al desarrollo de la descentralización administrativa y ponía en valor la AUTONOMÍA LOCAL cuya redacción anterior es:

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción publica, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.

Modificándose por el siguiente:

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción publica, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia, y eficiencia, y CON ESTRICTA SUJECCIÓN A LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOTENIBILIDAD.

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CÓMO AFECTA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A MI MUNICIPIO (2/4)

Primera parte

Se intenta una modificación de la Administracion Local, incidiendo en la no descentralización ni en la Autonomía Local

Las «Bases para el Pacto Local» (24 de septiembre de 1996). Con fecha 24 de septiembre de 1996, la Comisión Ejecutiva de la Federación  Española de Municipios y Provincias concreta una propuesta de negociación con el Gobierno, a través de un documento denominado «Bases para el Pacto Local». Este documento contempla tanto las competencias y funciones que corresponden al Estado como aquellas otras que son propias de las Comunidades Autónomas. Esta circunstancia queda patente al considerar que de las 92 medidas propuestas, 60 corresponden al ámbito de las Comunidades Autónomas y 32 a la esfera del Estado. (Fuente JUAN JUNQUERA GONZÁLEZ, LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ESPAÑOLA (Hacia una nueva descentralización administrativa).

Cristóbal Montoro, Ministro de Economía

Las reivindicaciones de la FEMP son extensas y detalladas. Su análisis requeriría una dilatada exégesis. De forma sintética, se enumeran a continuación, dentro de las dieciséis áreas principales, las peticiones formuladas por la Federación:

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CÓMO AFECTA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A MI MUNICIPIO (1/4)

La Autonomía Local es reconocer un fenómeno social de convivencia básica

La Autonomía Local acerca la resolución de cualquier asunto al propio interesado

“La responsabilidad pública debe incumbir preferentemente en las autoridades más próximas a los ciudadanos” (Carta Europea de la Autonomía Local en su art. 4.3)

Tras más de treinta años de evolución democrática en nuestro país y dentro del proceso de descentralización administrativa iniciado con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho, podemos aseverar que el Estado de las Autonomías ha alcanzado la descentralización solo en un primer nivel, precisamente en esas Autonomías,  pasando de un Estado Centralizado a 17 autonomías centralizadas, olvidando continuar con ese proceso hacia la Autonomía Local.

Este Estado Autonómico esta definido por tres rasgos:

  1. Crecimiento de la Autonomías. Expansión desmesurada asumiendo competencias legislativas, ejecutivas y de gestión.
  2. Limitación de las funciones del Estado. Defensa, Justicia, Política Exterior.
  3. Crecimiento moderado de la Autonomía local, que no alcanza la descentralización total.

Gasto público y personal contratado

La administración autonómica se incrementa considerablemente porque asumen dos colectivos determinantes que son, el personal docente y el personal sanitario. Así a la descentralización de las competencias se añade la descentralización económica, y en cuyos datos  no se incluyen los gastos de la Seguridad Social.

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